Por: Francisc Lozano*
La extradición es lo que más le conviene a Moreno y a sus cómplices porque así no tendrá que delatarlos, y tal vez recibirá beneficios con la justicia de ese país para ir por menos tiempo a la cárcel.
Gustavo Moreno y Alejandro Lyons. Fuente: Semana
Lo primero que haré después de escribir el título de esta columna es decir que no pretendo mostrarme como un conocedor en el tema, y muchos menos descalificar a quien piensa que la extradición es fundamental para mantener la institucionalidad en Colombia. Al contrario, mi búsqueda es la de expresar algunas inquietudes y dudas que me han surgido en los últimos años al pensar en este tema que ha sido decisivo para la historia reciente del país.
Me parece fundamental hacer un recuento
corto de la historia jurídica de la extradición en Colombia: En 1870, Colombia
estableció el primer tratado de extradición con Perú; en 1888, Colombia
suscribió su primer tratado multilateral de extradición; en el 36, se introdujo
la extradición a la ley colombiana; en el 38, se formula el Código de
Procedimiento Penal que establece cómo se realiza el proceso introducido en el
36, y cuándo aplica el procedimiento colombiano y cuándo el de los acuerdos
internacionales; en el 79, se suscribe el tratado de extradición con USA; en el
80, el Congreso aprueba el tratado con USA; en el 82, Belisario dice que no
extraditará a nacionales por razones filosóficas; de ahí en adelante, las
declaraciones de exequibilidad e inexequibilidad por parte de la Corte Suprema se sucedieron unas a otras.
(Puede visitar este artículo para
obtener mayor información)
Las décadas del 80 y el 90 del
siglo XX son una época cargada de sobresaltos y dolor en la historia de este
país. Durante esos años Colombia vivió la expansión exponencial del
narcotráfico, de la corrupción y del poderío militar de las guerrillas y de los
paramilitares, y el derramamiento de sangre de cientos o miles de compatriotas
como consecuencia de los fenómenos anteriores. En esa era surgieron o ganaron
renombre criminales de la talla de Pablo Escobar, Carlos Ledher, Fabio Ochoa, Jhon
Jairo Velásquez “Popeye”, Gonzalo Rodríguez Gacha, Gilberto Rodríguez Orejuela,
Miguel Rodríguez Orejuela, Carlos Castaño y Víctor Suárez “el Mono Jojoy”,
entre otros.
En esa época sombría y fúnebre de
nuestra democracia, un grupo de ciudadanos valientes luchó contra la
criminalidad y la muerte que ella les trajo. Entre esos ciudadanos están
Guillermo Cano, Rodrigo Lara, Luis Carlos Galán, Carlos Mauro Hoyos, Enrique
Low, Diana Turbay, Jorge Pulido, Antonio
Roldán y otros cientos o miles de colombianos anónimos que por defender la democracia, o
por azares de la vida, fueron víctimas de algunos de los criminales más despiadados
que ha producido nuestra historia.
La extradición, se cree, sirve
para que los criminales colombianos paguen por sus delitos en el exterior ante
la imposibilidad de la justicia colombiana de imponerles e implementarles la
pena adecuada en suelo nacional. Como
dije antes, no quiero descalificar la lucha de quienes intentaron mantener y
blindar los tratados de extradición para proteger la democracia colombiana,
pero sí quiero plantear los siguientes cuestionamientos:
¿De qué nos sirve a los
colombianos que a los criminales se los lleven de este país y paguen por los
delitos que cometieron contra otras naciones? Muchos dirán que sirve para
asegurarse de que paguen por algunos crímenes, y entiendo que es muy lógico
pensar así. No obstante, ¿qué pasa cuando el delito que cometieron contra esos
ciudadanos extranjeros es menor que el que ejecutaron contra ciudadanos de
Colombia? ¿Qué pasa cuando los criminales pactan acuerdos con las autoridades
extranjeras y terminan cumpliendo penas menores a las que cumplirían en
Colombia? ¿Qué ocurre cuando, como en el caso de los paramilitares, nunca
terminamos por conocer las verdaderas razones detrás de los crímenes? Cuando
los cabecillas de las autodefensas fueron enviados a USA, los colombianos nos
quedamos sin saber quiénes fueron sus creadores ideológicos, quiénes
patrocinaron su expansión, a quiénes asesinaron por orden directa de los
grandes terratenientes, quiénes fueron los que compraron las tierras de los
despojados, quiénes pagaron para que se realizaran sus horrendas masacres. Y lo digo porque ¿qué le importa a la
justicia extranjera que los criminales cumplan con las penas a las que fueron
condenados en Colombia, una vez que hayan cumplido con las penas en sus países?
Hace un poco más de dos meses se
descubrió que, el entonces Fiscal
Anticorrupción, Gustavo Moreno estaba exigiendo y recibiendo sobornos de
personas investigadas por la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia. Se
presume que Moreno les tramitaba sentencias positivas a sus investigados a
cambio de ingentes sumas de dinero. También se presume que expresidentes de la
Corte como Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino eran los
encargados de darle vía libre a esas absoluciones y receptores de buena parte de los dineros producto de los sobornos que hacían Moreno y Pinilla. Todavía no se sabe toda la
verdad del tema, y lo más interesante es que Moreno ha pedido que se le
extradite lo más pronto posible a USA para ser procesado por la justicia del
país del norte por lavado de activos, como lo revelan estos artículos de El
Tiempo y El
País.
Exmajistrados: Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino. Fuente: ElHeraldo
La extradición es lo que más le
conviene a Moreno y a sus cómplices porque así no tendrá que delatarlos, y tal
vez recibirá beneficios con la justicia de ese país para ir por menos tiempo a
la cárcel; y quizá también vea sus cuentas bancarias crecer por cuenta de los
cómplices a los que no delate, ¿pero qué nos ganamos los colombianos con eso? ¿De
qué nos sirve que lo envíen a una cárcel allá si sus cómplices seguirán
delinquiendo aquí o se irán a vivir a las mansiones del exterior que con
dineros nuestros o producto de la ilegalidad se han ganado?
Una de las grandes conquistas de
la justicia debe ser la verdad, y en este país hay que trabajar para que se
sepa la verdad de todos los delitos cometidos por criminales nacionales e
internacionales: guerrillas, paramilitares (bandas criminales), el Estado
(militares y civiles) y criminales del común.
Así, conociendo toda la verdad,
es posible que por fin podamos construir una Nación que haga de la justicia y
la justicia social su modo de vida. Lamento decirlo, pero creo que la extradición
está sobrevalorada.
@Franzlozano
*Francisc León Lozano Rivera (1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Desarrolla artículos de opinión para Todas Las Sombras y Radio Macondo. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano
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