El Policía Bueno y el Policía Malo

Por Francisc Lozano*

La escena la hemos visto en innumerables ocasiones: en la sala de interrogatorios, sentado en una silla y frente a una mesa, está el sospechoso o testigo de algún crimen. Instantes después llegan dos policías. Uno es violento, ofensivo y no se apega a la ley. El otro es amable, comprensivo y se ofrece para servir como confidente y defensor del testigo o sospechoso, incluso si eso significa enfrentarse a su compañero. 

En la realidad política, económica y social de Colombia -que es el sospechoso/testigo-, el policía bueno se llama Alvaro Uribe, un político que ha logrado pasar por los cargos más representativos del sector público sin que su imagen favorable haya sufrido mayores percances. El policía malo es, paradójicamente, su pupilo y actual presidente, Iván Duque.

Algunos no considerarán que lo anterior sea una posibilidad real, pero si nos apegamos a los hechos, hallaremos un patrón fácilmente reconocible de lo que he planteado.

El primer gran movimiento del actual gobierno fue enviar al ministro Carrasquilla a hacer las declaraciones respecto a gravar toda la canasta familiar que el gobierno necesitaba para tantear las aguas. Cuando la opinión pública manifestó su inconformismo con esas propuestas, el ministro dijo que el gobierno no tenía influencia en sus propuestas, y que a él se le habían ocurrido dichas ideas. Tras un tiempo, el mismo gobierno hizo las mismas propuestas y las llevó al Congreso para que se convirtieran en una reforma tributaria de medio pelo, como casi todas las reformas que se hacen aquí. Pero como a los colombianos nos gustan los eufemismos, Duque decidió llamarla "ley de financiación", porque tal vez así la gente no se percataría de lo que realmente es. Pero las cosas no salieron tan bien como Duque las planeó, y los medios y varios congresistas se opusieron a su nefasta reforma, incluso él mismo se había opuesto a ese tipo de reformas, pero en ese momento fungía como senador y el presidente era Santos. 

Mas cuando las decisiones de Duque, algunas informaciones que han salido a la luz pública y el desgaste típico que produce el paso del tiempo empezaron a tener un efecto negativo sobre la imagen de Uribe, el expresidente empezó a actuar como 'el policía bueno'. A todas las declaraciones de Duque que crean insatisfacción en una gran porción del pueblo colombiano, Uribe responde con una medida o propuesta que genera una tranquilidad pasajera. Cuando Duque propuso, cual policía malo, disminuirle los impuestos a las empresas y aumentárselos a los ciudadanos menos favorecidos, apareció 'el policía bueno' y ofreció 'un aumento extraordinario y por una sola vez del salario mínimo'; después vino el IVA para toda la canasta familiar del 'policía malo', pero contraatacó 'el policía bueno' y dijo oponerse al gravado de la totalidad de la canasta familiar; el penúltimo episodio de esta serie sin igual de ataques del 'policía malo' y 'el policía bueno' fue un video de Uribe en el que decía textualmente: "Pero necesitamos que Duque enderece, porque si Duque no endereza, nos va muy mal." 

Recientemente escuché a Gilberto Tobón analizando los primeros 100 días de gobierno de Duque, 'el policía malo', y tengo que decir que concuerdo completamente con su visión. Es por eso que dije que la crítica de Uribe al accionar de Duque es el penúltimo paso de la danza del 'policía bueno' y 'el policía malo', porque 'el policía bueno' es excesivamente narcisista y no permitirá que su imagen se manche, no importa si para lograr su cometido tiene que sacrificar al 'policía malo'. A Uribe no le importa inmolar a su pupilo. Al final, si para asegurarse el poder en el futuro necesita decir que Duque es un traidor, lo hará. Ya lo hizo con Santos, sus exjefes de seguridad, sus exministros y demás funcionarios que han caído en desgracia. Al fin y al cabo, lo único que le importa a Uribe es que su imagen sea como nuestra gloria: 'inmarcesible'.

@Franzlozano

*Francisc León Lozano Rivera (1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Desarrolla artículos de opinión para Todas Las Sombras y Radio Macondo. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano

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¿Qué tan útil es la extradición?

Por: Francisc Lozano*

La extradición es lo que más le conviene a Moreno y a sus cómplices porque así no tendrá que delatarlos, y tal vez recibirá beneficios con la justicia de ese país para ir por menos tiempo a la cárcel.

Gustavo Moreno y Alejandro Lyons. Fuente: Semana

Lo primero que haré después de escribir el título de esta columna es decir que no pretendo mostrarme como un conocedor en el tema, y muchos menos descalificar a quien piensa que la extradición es fundamental para mantener la institucionalidad en Colombia. Al contrario, mi búsqueda es la de expresar algunas inquietudes y dudas que me han surgido en los últimos años al pensar en este tema que ha sido decisivo para la historia reciente del país.

Me parece fundamental hacer un recuento corto de la historia jurídica de la extradición en Colombia: En 1870, Colombia estableció el primer tratado de extradición con Perú; en 1888, Colombia suscribió su primer tratado multilateral de extradición; en el 36, se introdujo la extradición a la ley colombiana; en el 38, se formula el Código de Procedimiento Penal que establece cómo se realiza el proceso introducido en el 36, y cuándo aplica el procedimiento colombiano y cuándo el de los acuerdos internacionales; en el 79, se suscribe el tratado de extradición con USA; en el 80, el Congreso aprueba el tratado con USA; en el 82, Belisario dice que no extraditará a nacionales por razones filosóficas; de ahí en adelante, las declaraciones de exequibilidad e inexequibilidad por parte de la Corte Suprema se sucedieron unas a otras. (Puede visitar este artículo para obtener mayor información)

Las décadas del 80 y el 90 del siglo XX son una época cargada de sobresaltos y dolor en la historia de este país. Durante esos años Colombia vivió la expansión exponencial del narcotráfico, de la corrupción y del poderío militar de las guerrillas y de los paramilitares, y el derramamiento de sangre de cientos o miles de compatriotas como consecuencia de los fenómenos anteriores. En esa era surgieron o ganaron renombre criminales de la talla de Pablo Escobar, Carlos Ledher, Fabio Ochoa, Jhon Jairo Velásquez “Popeye”, Gonzalo Rodríguez Gacha, Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela, Carlos Castaño y Víctor Suárez “el Mono Jojoy”, entre otros.

En esa época sombría y fúnebre de nuestra democracia, un grupo de ciudadanos valientes luchó contra la criminalidad y la muerte que ella les trajo. Entre esos ciudadanos están Guillermo Cano, Rodrigo Lara, Luis Carlos Galán, Carlos Mauro Hoyos, Enrique Low,  Diana Turbay, Jorge Pulido, Antonio Roldán y otros cientos o miles de colombianos anónimos que por defender la democracia, o por azares de la vida, fueron víctimas de algunos de los criminales más despiadados que ha producido nuestra historia.

La extradición, se cree, sirve para que los criminales colombianos paguen por sus delitos en el exterior ante la imposibilidad de la justicia colombiana de imponerles e implementarles la pena adecuada en suelo nacional.  Como dije antes, no quiero descalificar la lucha de quienes intentaron mantener y blindar los tratados de extradición para proteger la democracia colombiana, pero sí quiero plantear los siguientes cuestionamientos:

¿De qué nos sirve a los colombianos que a los criminales se los lleven de este país y paguen por los delitos que cometieron contra otras naciones? Muchos dirán que sirve para asegurarse de que paguen por algunos crímenes, y entiendo que es muy lógico pensar así. No obstante, ¿qué pasa cuando el delito que cometieron contra esos ciudadanos extranjeros es menor que el que ejecutaron contra ciudadanos de Colombia? ¿Qué pasa cuando los criminales pactan acuerdos con las autoridades extranjeras y terminan cumpliendo penas menores a las que cumplirían en Colombia? ¿Qué ocurre cuando, como en el caso de los paramilitares, nunca terminamos por conocer las verdaderas razones detrás de los crímenes? Cuando los cabecillas de las autodefensas fueron enviados a USA, los colombianos nos quedamos sin saber quiénes fueron sus creadores ideológicos, quiénes patrocinaron su expansión, a quiénes asesinaron por orden directa de los grandes terratenientes, quiénes fueron los que compraron las tierras de los despojados, quiénes pagaron para que se realizaran sus horrendas masacres.  Y lo digo porque ¿qué le importa a la justicia extranjera que los criminales cumplan con las penas a las que fueron condenados en Colombia, una vez que hayan cumplido con las penas en sus países?

Hace un poco más de dos meses se descubrió que, el  entonces Fiscal Anticorrupción, Gustavo Moreno estaba exigiendo y recibiendo sobornos de personas investigadas por la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia. Se presume que Moreno les tramitaba sentencias positivas a sus investigados a cambio de ingentes sumas de dinero. También se presume que expresidentes de la Corte como Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino eran los encargados de darle vía libre a esas absoluciones y receptores de buena parte de los dineros producto de los sobornos que hacían Moreno y Pinilla. Todavía no se sabe toda la verdad del tema, y lo más interesante es que Moreno ha pedido que se le extradite lo más pronto posible a USA para ser procesado por la justicia del país del norte por lavado de activos, como lo revelan estos artículos de El Tiempo y El País. 

Exmajistrados: Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino. Fuente: ElHeraldo

La extradición es lo que más le conviene a Moreno y a sus cómplices porque así no tendrá que delatarlos, y tal vez recibirá beneficios con la justicia de ese país para ir por menos tiempo a la cárcel; y quizá también vea sus cuentas bancarias crecer por cuenta de los cómplices a los que no delate, ¿pero qué nos ganamos los colombianos con eso? ¿De qué nos sirve que lo envíen a una cárcel allá si sus cómplices seguirán delinquiendo aquí o se irán a vivir a las mansiones del exterior que con dineros nuestros o producto de la ilegalidad se han ganado?

Una de las grandes conquistas de la justicia debe ser la verdad, y en este país hay que trabajar para que se sepa la verdad de todos los delitos cometidos por criminales nacionales e internacionales: guerrillas, paramilitares (bandas criminales), el Estado (militares y civiles) y criminales del común.

Así, conociendo toda la verdad, es posible que por fin podamos construir una Nación que haga de la justicia y la justicia social su modo de vida.  Lamento decirlo, pero creo que la extradición está sobrevalorada.

@Franzlozano

*Francisc León Lozano Rivera (1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Desarrolla artículos de opinión para Todas Las Sombras y Radio Macondo. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano

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Un referendo contra la humanidad

Por Francisc Lozano*

Dos papás y una niña. Fuente: tiemposprofeticos

Viviane Morales es una abogada que nació en Bogotá hace 54 años. En el 2014 llegó al Congreso de la República con el aval otorgado por el partido Liberal y gracias a los 53,838 votos que logró en las elecciones parlamentarias, tras haber sido Fiscal General de la Nación y haber sido declarada nula su elección por el Consejo de Estado. Ya desde el 91 había llegado a la Cámara de Representantes, a la cual arribó a través de un grupo político cristiano. Hoy es noticia por ser la promotora de un referendo que, irrefutablemente, ataca a las minorías no heterosexuales y/o personas no unidas en matrimonio.

Morales es una abogada, como dije previamente, no una psicóloga ni una médica, ni una científica comportamental, y, sin embargo, ha decidido que su lucha en el Congreso debe ser no por la defensa de los colombianos en términos generales, sino por “los niños” proponiendo un referendo que le pregunte al pueblo colombiano si la adopción de niños debe o no darse únicamente por parejas constituidas solamente por hombres y mujeres heterosexuales unidas en matrimonio o por unión de hecho.  Según la senadora, “la adopción es una medida de protección del niño que busca garantizarle el derecho a tener una familia constituida por una pareja heterosexual en los términos explícitos del artículo 44 de esta Constitución, es decir, por un hombre y una mujer unidos entre sí en matrimonio o unión marital de hecho, con el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la ley”. No obstante, un texto que establece que dichas parejas deben ser heterosexuales, no puede buscar el bienestar de nuestros niños, sino hacer mella en los logros que en procura de la igualdad han conquistado nuestras minorías, a través de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en los últimos años.

El artículo 44 establece cuáles son los derechos fundamentales de los niños. Entre ellos se cuentan la vida, la integridad física, la salud, la alimentación balanceada, la educación, derecho a la familia y a no ser separados de ella, la protección y algunos más. Este artículo establece, además, de manera categórica que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Establecer que el referendo que propone la señora Morales es inconstitucional sería una verdad a medias. Y lo digo porque la propia Constitución contiene artículos discriminatorios como el propuesto por la senadora. El artículo 42, por ejemplo, establece qué es una familia y cómo se constituye, y sólo le otorga la posibilidad a los hogares conformados por hombres y mujeres, casados o unidos por matrimonio de hecho de ser familias. Las demás no lo son, de acuerdo a la Constitución. Lo complejo de esa definición no es únicamente que excluye a todos los colombianos no heterosexuales del concepto de familia, sino que, además, determina que no existen familias unipersonales, familias conformadas por un padre y su hijo, por un tío y sus sobrinas, por una abuela y un niño adoptado por ella legal o ilegalmente o por una madre soltera y sus hijos biológicos y no biológicos, entre las muchas otras formas de familias que existen.  Entonces, no es inconstitucional el referendo, es discriminatorio, pero más que eso, es inhumano.  

Y es inhumano porque si, como dice Morales, sólo busca “garantizarle el derecho a tener una familia…”, el mismo referendo sepulta la posibilidad de que cientos o miles de familias dotadas del amor, la educación, la tolerancia, los recursos económicos y la formación académica y cultural necesarias para criar a los niños, se encuentren con esos niños que carecen de una familia que les ofrezca satisfacer sus necesidades psicológicas y financieras.  El referendo no sólo discrimina a todas las familias no conformadas por un hombre y una mujer, un gran porcentaje de las familias colombianas, sino que además elimina la posibilidad de los niños de contar con un hogar amoroso en el cual crecer. En el año 2014, el ICBF decía que tenía en su poder 80.000 niños esperando ser recibidos por un hogar. Ese año, las adopciones sólo le brindaron la oportunidad a 1.148 niños de encontrarse con una familia, según El Heraldo. Es decir que 78.852 menores de edad se quedaron esperando la oportunidad de hacer parte de un hogar amoroso porque no hay suficientes parejas heterosexuales interesadas y capacitadas para adoptar, entonces, ¿por qué imponer las visiones prejuiciosas sobre las necesidades de los niños?, ¿por qué ir en contra de los derechos de los niños a tener una familia con el único propósito de demostrar, infructuosamente, que existen familias “correctas” y familias “incorrectas”?, ¿por qué intentan imponer idearios religiosos de lo correcto y lo incorrecto a los derechos de los niños que, como dice la Constitución, “prevalecen sobre los derechos de los demás”? Eso, el no pensar primero en el bienestar real de los niños, es lo que hace que el referendo deje de ser únicamente discriminatorio para convertirse en inhumano.

Otras de las ideas que ha esgrimido la senadora es la de la ciencia comportamental, la cual demuestra, según Morales, que los niños requieren de “un padre y una madre heterosexuales” para crecer como seres que contribuyen a la sociedad y para conformarse como seres humanos “normales”. Una de las investigaciones usadas por Morales fue la de Kyle Pruett, en la que él concluye básicamente que la figura masculina es esencial en el desarrollo de niños “normales”. Morales concluyó que esa influencia masculina sólo podía provenir de un hombre heterosexual que desempeñara el rol de padre en la familia en la que creciera el infante. Pruett dijo en una entrevista, que le concedió a Semana, que estaba decepcionado por la forma equivocada en la que la senadora había usado sus hallazgos para apoyar un proyecto de ley discriminatorio. Pero fue más allá, y aclaró que esa figura masculina de la que habla en sus investigaciones no tiene que ser la pareja de la madre del o de los niños, con lo que puede ser el abuelo, el tío, el primo de la madre, o cualquier otro hombre, y que muchos menos se puede pensar que esa persona deba ser heterosexual. Cuando Pruett declaró lo anterior, Morales dijo que su intención no era discriminar, sino proteger a los niños. Ese ha sido su caballito de guerra, pero su insistencia en la heterosexualidad de los adoptantes, y en que sean una pareja unida en matrimonio civil o de hecho, no puede verse más que como una acción para discriminar a las personas interesadas en adoptar que no cumplen con esas características, pero no sólo a ellos, sino a los niños que no pueden o no van a ser escogidos por esas familias.

Morales se escuda asimismo en que debe ser el pueblo colombiano el encargado de decidir quiénes pueden o no adoptar a nuestros niños, y eso sería lo ideal si los colombianos tuviésemos la formación académica y científica, y la capacidad crítica necesarias para tomar esa trascendental decisión, pero los colombianos ya hemos hecho el ridículo antes: el pasado 2 de octubre, millones de personas salieron a decidir si se acababa o no el conflicto más largo del hemisferio occidental. De esos 13 millones de personas, cientos de miles, o tal vez millones, se dejaron engañar por 38 congresistas y unos cuantos concejales, alcaldes y gobernadores del Centro Democrático que les echaron un sinnúmero de mentiras inverosímiles para que votaran No, y lo peor, la gente les creyó porque fue incapaz de leer 297 páginas que podían cambiar el futuro del país para siempre. Sí, de ese tamaño es el talante intelectual de los colombianos. Esa es nuestra sociedad, una sociedad en la que son los profesores, los amigos, los libros, la televisión y la Internet los encargados de hablarnos y educarnos respecto a la sexualidad, porque nuestros padres, no todos, obviamente, no tienen ni la formación académica ni la predisposición para hablar de un tema tan trascendental como la educación sexual. Sí, esa sociedad es la que, dice Morales, debe decidir sobre un tema tan trascendental como la vida de los niños rodeada o no del cariño de una familia que los quiera. Creo que no es necesario decir más.

Ahora cabe preguntarnos todos, y preguntarles a quienes tienen hijos, sin importar su credo y su visión de lo “correcto” y lo “incorrecto” en el ámbito de la sexualidad y del matrimonio, en caso de que su muerte ocurriese antes de que sus hijos fueran mayores de edad, ¿preferirían ustedes que  sus hijos permanecieran el resto de su infancia y adolescencia en un centro de ayuda a menores de edad del ICBF sin familia y sin el amor de sus padres, en vez de permitirle a sus hijos y a una familia, del tipo que sea, que quiera adoptarlos y darles todo el cariño o amor que ustedes ya no podrán? Como dice la esposa del reverendo en The Simpsons, “¿quiere alguien pensar en los niños?”  Yo crecí sólo con mi madre y mis hermanos, ella nunca tuvo un esposo que viniera a conformar una familia como las que mencionan el artículo 44 y Morales, y a pasar de eso yo no soy un delincuente ni un peligro para la sociedad, y le estoy agradecido a mi madre por el esfuerzo. Yo no soy el único: hay cientos de miles de colombianos como yo, y no somos muy diferentes de quienes crecieron en un hogar de padres y de madres casados.

También hay muchas personas que crecieron en hogares no heterosexuales, y son personas que crecieron felices y ayudan a construir una sociedad mejor. Así son estas mujeres que hablaron con El Espectador, y que aman a sus padres. Sí, a parejas de dos hombres que actuaron como sus padres desde que eran muy jóvenes y que las criaron para ser personas buenas, y que parecen haberlo logrado. Déborah Villegas fue una de ellas, y contó su historia en el Congreso cuando se discutía, como tantas otras veces y con el mismo resultado retrógrado, sobre la adopción por parte de parejas no heterosexuales: “Mi Nombre es Déborah Villegas Rangel y tengo dos papás… Vivo en Bucaramanga, tengo 24 años, estoy casada con Gustavo Adolfo Molano, mi hija se llama Violeta y cumplirá en noviembre 4 años… No extraño a mi mamá. ¿Cómo voy a extrañar algo que no he tenido? ¿Por qué la tengo que amar si no me crio? Los que se trasnocharon por mí cuando estaba enferma fueron mis dos papás.” Cuando escucha rumores sobre las cosas que no debió contarle a sus padres por pena o las burlas que debió haber recibido en el colegio por tener papás “maricas”, Déborah dice, erradicando ambos mitos, que fue a ellos a quienes les contó alarmada cuando tuvo su primera menstruación y que la molestaban más en el colegio por el tamaño de su nariz que por tener padres homosexuales. Si quiere saber más acerca de su historia y la de otras mujeres que crecieron en una familia como la suya, visite este enlace.

Para terminar, tengo que decir que respeto a quien piense diferente a mí, pero esto no se trata de un pensamiento, se trata de la vida de miles de niños que podrían ser mucho mejor de lo que son ahora. Y tengo una pregunta más para Viviane Morales y quienes se oponen a la adopción no heterosexual: Ustedes que sí tienen una familia adecuada para adoptar niños, y que están tan preocupados por ellos, ¿cuántos niños de esos miles de huérfanos y desamparados van a adoptar para cumplir con el artículo 44 de la Constitución? ¿Serán trescientos o mil?

@Franzlozano

*Francisc León Lozano Rivera (1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Desarrolla artículos de opinión para Todas Las Sombras y Radio Macondo. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano

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¿Y hasta cuándo Gerlein?

Por Francisc Lozano*

Roberto Gerlein durmiendo en el Senado en la plenaria para la refrendación de acuerdo Gobierno-Farc.

Roberto Víctor Gerlein Echavarría no es un colombiano del común. Nació en Barranquilla allá por el año 1938. Y digo que no es un colombiano del común porque nació en el seno de una familia con gran caudal económico y con un poderío político envidiable.  Su abuelo, Julio Gerlein, era el propietario de un reconocido almacén en la capital atlanticense. Su tío, Julio Gerlein Comelín, fue el fundador de la Zona Franca de Barranquilla, y la dirigió por mucho tiempo. Su madre, Conchita Echavarría, era la nieta de Esparquio González, uno de los conservadores más importante del Atlántico. Su hermano Julio es un contratista con gran poder que se encarga de la financiación de las campañas electorales. Su otro hermano, Jorge (quien murió en mayo de este año), era el encargado de poner la cara en las campañas, de la maquinaria, y también se desempeñó como congresista en el pasado.  Con una familia como esa, no es extraño que Roberto Gerlein haya sido un político destacado desde que era muy joven.  Cuando tenía 21 años ya era el Secretario Privado de la Alcaldía de Barranquilla, y en 1968, con tan sólo 29 años de edad, pisó el suelo del Congreso como parlamentario por primera vez. ¡Todo un hito!

No es un secreto tampoco que, o no debería serlo, Gerlein es el congresista que más veces ha logrado una curul en Colombia y que es, además, el congresista más veterano que tiene el Parlamento hoy por hoy. Ha sido representante a la Cámara entre 1968 y 1973, y desde 1978 hasta nuestros días, Gerlein se ha desempeñado como senador. ¡Lleva 45 años en el Congreso!, sí, ¡45! No obstante, según cifras de Congreso Visible, el hoy senador sólo ha presentado 37 proyectos de ley en eso 45 años, ¡ni siquiera uno por año!, y lo que resulta aún más increíble es que sus proyectos de ley apenas empezaron a aparecer desde el 3 de octubre del 2006, por lo que vale la pena preguntarse: ¿Qué hizo en los otros 28 años como senador? Es necesario aclarar que las estadísticas presentadas sólo se llevan desde el 98, pero si entre ese año y el 2006 no hubo proyectos presentados por Gerlein, es muy probable que tampoco los haya habido antes de ese año. Tan sólo 37 proyectos es un hecho que debe generar tristeza y vergüenza, sobre todo si se compara con las cifras que Robledo, senador desde hace 14 años, Claudia López, senadora desde hace 2 años, y Angélica Lozano, representante a la Cámara desde el 2014, que son 49, 52 y 53, respectivamente. En cuanto a debates de control político también se raja. Gerlein Echavarría ha realizado un total de 18 en 45 años, parece que no hubo muchos asuntos mal manejados en el país durante todo ese tiempo, a juzgar por la irrisoria cantidad de citaciones que realizó, y que de nuevo se ve superada por los otros tres congresistas mencionados anteriormente. En ese rubro Robledo tiene 174, López 19, y Lozano 27.  No quiero implicar que la única manera de medir la eficiencia de un parlamentario sea con las cifras anteriores, pero sí me resulta sospechoso que en 45 años de labor haya tan poco para mostrar.

Y en los asuntos que se refieren a la política, la corrupción y la fortuna de su familia, hay varios temas que generan, cuando menos, sospechas.  En una columna del 2006, Daniel Coronell escribía lo siguiente:

“La Policía encontró en un apartamento (…) en Barranquilla más de 4.000 cédulas. La dueña de casa, Patricia Margarita Judex, tenía además documentos de registro electoral y 150 planillas con dos nombres impresos: Jorge Gerlein, seguido de la palabra 'Cámara', y Roberto Gerlein, con el rótulo 'Senado'.” Y continuaba así: “Las planillas tenían cuatro columnas. La primera llevaba el nombre del elector. La segunda, el número de la cédula. La tercera, la mesa y la zona en la que estaba inscrito cada votante, y la última, anotaciones como: Eternit, cemento y ladrillos.”, pero eso no era todo, Coronell expresa que “el domingo de elecciones, el periodista Diego Fajardo del canal Caracol -con buen olfato- se fue a 'El Pueblito' y llevó su cámara. Allí encontró y grabó a varios habitantes moviendo carga en carros de balineras. Transportaban tejas de Eternit, cemento y ladrillos.”, y que “fue suficiente una pregunta del periodista para que esas personas relataran que habían recibido los materiales de construcción a cambio de votar por Gerlein.” Su columna cuenta además lo siguiente: “Cuando la Registraduría contó los votos surgió una nueva coincidencia: Roberto, el senador, obtuvo en el Atlántico 47.499 votos. Jorge, el representante, logró un número sorprendentemente parecido: 47.788.” Hoy, 10 años después, aún no se conocen los resultados de esa investigación y tal vez nunca se conozcan.

En el tema de contratación estatal también hay varios hechos que deberían generar como mínimo suspicacias. Dice el periódico El Tiempo que “Julio Gerlein, el mayor de los tres hermanos es el que está al frente de Valorcom, una constructora creada en 1992 y en la que la familia tiene grandes intereses. Es el que aporta la plata para la campaña.” Valorcom ha logrado, además, licitaciones para la construcción de troncales de Transmilenio, Transmetro, acueducto y alcantarillado en el Atlántico. Esa constructora tiene, asimismo, concesiones viales en la costa caribe e incluso en Cundinamarca y un contrato para la rehabilitación de la vía que conduce de Sincelejo a Barranquilla por la suma de $15.288’000.000, pero no sólo eso, según el diario capitalino, “hace parte de un consorcio que busca quedarse con una licitación de 1,2 billones de pesos para adecuación del río Magdalena.” Habría que analizar cómo se obtuvieron esas licitaciones para determinar los niveles de corrupción existentes o no en esos procesos.  Pero lo que sí es claro es que cada campaña ha sido financiada doblemente por los colombianos, porque las contrataciones con las que se financian las campañas son estatales, y los candidatos que obtengan “por lo menos la tercera parte de los votos depositados por la lista que haya alcanzado escaño con el menor residuo.” se hacen acreedores a la reposición de votos, de acuerdo a la Registraduría Nacional.

En los últimos años, los hechos más destacados que se relacionan con el senador barranquillero son, desde mi perspectiva, los siguientes:

Su declaración homofóbica durante el debate sobre el matrimonio igualitario en noviembre del 2012, en el que dijo, entre otras cosas, “el catre compartido por dos varones, ¡qué horror, Dios mío! ¡Qué horror el catre compartido por dos varones! A mí nunca me ha preocupado mucho el catre compartido por dos mujeres porque ese homosexualismo no es nada. Esa es una cosa inane, sin trascendencia, sin importancia. ¡¿Pero compartido por dos varones?! Ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo excremental...” En sus declaraciones no sólo se evidencia la ignorancia y falta de respeto del senador, sino que destaca también su machismo, al considerar que el sexo homosexual entre hombres es repudiable, y el femenino no. Es decir, ni para ser homofóbico consumado sirvió. Aclaro que creo en la igualdad y en el respeto a las demás formas de ser de la gente, y que sólo intento demostrar la nociva ignorancia y el dañino machismo que vivencia Gerlein.

La defensa que hizo hace un par de años cuando se enteró que un proyecto de ley buscaba establecer una edad máxima para la participación de ciudadanos en el Congreso, porque obviamente afectaba sus intereses.

Su oposición a la reducción de la compensación económica que reciben los parlamentarios porque la consideraba “inconveniente” y añadió: “¿Quién está pidiendo en el país que se modifique la competencia del gobierno frente a la remuneración que deban tener los parlamentarios?”. “No entiendo ni veo la razón de que esta situación se modifique”. Vale recordar que el senador se quiso declarar impedido para debatir la reducción (Alianza Verde) o el congelamiento de los honorarios (Centro Democrático), pero su “impedimento” no fue aceptado. De nuevo, su único interés se centra en su persona y no en el bienestar del país.

El pasado 29 de este mes se discutía en el Senado la refrendación del acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y Las Farc. Ese día, la refrendación ganó, pero sin importar la importancia del debate, Gerlein se dedicó a dormir su siesta en las instalaciones del Congreso. La fotografía que revela esa realidad acompaña a este escrito en la parte superior. No creo que haya sido el único que se ha quedado dormido, y seguro que no lo será, pero debería salir a pedirle excusas a todo el país por irse a dormir al Senado cuando del bolsillo de los colombianos salen los casi 28 millones de pesos que se gana cada mes, y las millonarias sumas que a lo largo de esos 45 años ha acumulado por cuenta nuestra. Es decir que los colombianos financiamos a la constructora de Gerlein; la constructora de Gerlein financia a Gerlein; y nosotros le pagamos a la constructora de Gerlein por financiar a Gerlein con nuestro dinero a través del proceso de reposición de votos. Pero no sólo eso, además le pagamos a Gerlein para que vaya a dormirse al Senado. Es por eso que no puedo dejar de preguntarme ¿y hasta cuándo Gerlein?

@Franzlozano

*Francisc León Lozano Rivera (1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Desarrolla artículos de opinión para Todas Las Sombras y Radio Macondo. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano

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Ordóñez, el especulador

Por Francisc Lozano*

Eccehomo Cetina y Alejandro Ordóñez. Fuente: Wikimedia

Alejandro Ordóñez Maldonado es recordado por varias facetas que ha desempeñado en su vida pública. Yo quiero referirme a cinco el día de hoy: su juventud antiintelectual, su paso por la Procuraduría General de la Nación, su defensa a ultranza de despojadores de tierras, su irracional intención de imponer el credo católico a un país laico y su férrea oposición a una paz negociada en Colombia.

El 13 de marzo de 1978, Ordóñez, de 22 años, se encontró con sus compañeros universitarios y de la organización Familia, Tradición y Propiedad en un parque de Bucaramanga para llevar a cabo una quema pública de libros y revistas que ellos consideraban “inmorales”. Se dice que entre los autores que quemaron se encontraba García Márquez y algunas revistas pornográficas. Quemar libros es una actividad en contra del intelecto y la ciencia por sí misma, pero se agrava cuando uno recuerda que el 10 de mayo de 1933 Hitler hacía lo mismo en la Alemania nazi, como lo recuerda la Revista Semana en este artículo.  Y se convierte en una actividad mucho más reveladora cuando uno descubre que Ordóñez era, o es, un asistente frecuente a las reuniones del grupo neonazi “Tercera Fuerza”, como ha sido comprobado por El Espectador y Las 2 Orillas, en el que, además, se le rendían homenajes continuamente. Pero la quema de libros y la idea de la superioridad aria no son las únicas acciones que le unen a nazismo. Lo digo porque en el 2013 Héctor Abad le preguntó si él negaba o no la existencia del “holocausto judío” como lo hacen los obispos lefevbristas a quienes él sigue, a lo que Ordóñez no respondió y,  de manera evasiva, dio por terminada la entrevista, como lo demuestra este audio. No aseguro que sea negacionista, pero sí que ante la oportunidad de demostrar que no es así, decidió callar y dejar en vilo a quienes queríamos saber su postura.

En 2009, Alejandro Ordóñez fue elegido por el Congreso para ocupar el Cargo de Procurador General de la Nación. Este cargo tiene entre sus principales funciones la defensa de los ciudadanos y los recursos públicos. Es por eso que el procurador cuenta con grandes poderes desde el punto de vista legal. Durante los casi 8 años que estuvo en ese cargo, Ordóñez logró hacerse inolvidable: impartió inhabilidades por mil a funcionarios, y se opuso tenazmente e irracionalmente a la despenalización del aborto que hizo la Corte Constitucional en 2006 de tres casos puntuales.  Y digo irracionalmente, porque su único argumento fue siempre el tema religioso, y no la ciencia que ha ahondado profundamente en el tema de la interrupción del embarazo por métodos médicos. Pero en lo que más dio de qué hablar fue en el tema de las sanciones a funcionarios. Muchos fueron sancionados porque hicieron mal su trabajo, como son los casos de Kiko Gómez, Samuel Moreno, y otros.

No obstante, muchos otros fueron sancionados por caprichos de Ordóñez, como en el caso de Piedad Córdoba (por presuntos nexos con Las Farc, nexos que la Corte Constitucional demostró que no existían), Alonso Salazar (por cumplir la sentencia de la Corte Constitucional) y a Sergio Fajardo (por un título minero). Hubo muchos otros, más de 800 alcaldes y 23 gobernadores, dice El Espectador. Hay que recordar que el procurador, además, fue acusado de nepotismo por nombrar a sus familiares y a los familiares de los congresistas que votaron y votarían por él para su reelección.  Y además, el Consejo de Estado comprobó que su reelección era ilegal porque la Constitución no la contempla para el cargo de procurador, y la tumbó en agosto de este año.   Nunca olvidaremos que se opuso a la Ley de tierras, a la adopción por parte de parejas no heterosexuales, a los derechos de la comunidad LGBTI, al matrimonio igualitario, a la libertad de culto, y a otras tantas iniciativas progresistas, en lugar de defenderlas, como era su obligación a ser la cabeza del Ministerio Público. Tampoco se nos borrará de la memoria que, en un acto de la más pura corrupción y de prevaricato, -presumo yo-, en el 2013, cuando acababa de ser reelegido -ilegalmente-, Ordóñez Maldonado modificó el decreto que determinaba el número de escoltas y vehículos y el tiempo durante el cual debían ser asignados a los jefes de la Procuraduría una vez que terminaran su período legal. Esa modificación le cuesta al bolsillo de los colombianos nada más y nada menos que $428’600.000 al mes, o lo que es lo mismo, pero más doloroso, $20.572’000.000 (sí, veinte mil millones de pesos) en un período de cuatro años, según los cálculos de la senadora Angélica Lozano (ver enlace), después de su salida por irregularidades del Ministerio Público.

Para nadie es un secreto que Alejandro Ordóñez es cercano a Uribe y a sus posturas. Lo que tal vez sí ignoren muchos es que también es cercano a María Fernanda Cabal y José Lafaurie (su esposo), quien es director de Fedegán. Y no se puede pasar por alto que, según sentencias de Justicia y Paz y las declaraciones de Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares, “se consideró que FEDEGAN integró activamente la estructura del Bloque Catatumbo hasta el punto de "ostentar poder de mando y control". Se le sindicó de utilizar su rol económico para materializar el cumplimiento de los objetivos criminales del Bloque Catatumbo”. Pero no sólo eso, en un revelador artículo que publicó el periódico Vanguardia Liberal el 19 de agosto de 1987 se constata que Ordóñez ha sido un continuo defensor de la existencia del paramilitarismo en Colombia (ver fotografías del artículo aquí y aquí), el hasta ese entonces concejal de Bucaramanga dijo, entre otras cosas que “impedir que los ciudadanos de bien reaccionen es obligarlos a que sean muertos, extorsionados o lacerados en su vida, honra y bienes. No podemos desconocer que las auto-defensas se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva. Pensar lo contrario es, por decir poco, una absurda ingenuidad”. Es claro pues que, aunque sea desde un punto de vista ideológico, Ordóñez está de acuerdo con el accionar de los grupos paramilitares y la financiación por parte de los “ciudadanos de bien” y empresarios que sólo buscaban despojar a los ciudadanos de sus tierras.

Alejandro Ordóñez. Fuente: El Tiempo

El credo religioso es una decisión individual e irrebatible. Cada persona puede practicar el credo que quiera en un país laico como Colombia (artículo 19 de la Constitución). Lo que no puede es usar esa excusa para imponer su credo a los demás, o eliminar los testimonios escritos de ideas diferentes a las que uno tenga en el contexto religioso. En una conferencia que dictó en México hace unos años, Ordóñez, quien en ese momento era Magistrado del Consejo de Estado, dijo, entre muchas otras cosas, que “el liberalismo es un desorden por esencia y no puede traer la paz”, en una clara referencia a la necesidad de adoptar la fe católica para poder alcanzar la paz.

Las negociaciones entre el Gobierno Nacional y Las Farc hallaron en Alejandro Ordóñez a uno de sus principales opositores. Dos de las principales razones del bumangués para oponerse al tratado de paz fueron la impunidad y la “ideología de género”. La primera es un tema verdaderamente complejo porque no se puede decir que la impunidad no haya existido en el Acuerdo de La Habana que pretendía dar por terminado el conflicto armado colombiano con esa guerrilla. No obstante, también resulta irreal decir que hay impunidad total porque, aunque es difícil que los altos mandos de Las Farc terminen en la cárcel, el acuerdo estipuló sanciones restrictivas de la movilidad y sanciones con prisión hasta por 20 años para los guerrilleros que no reconocieran su responsabilidad en actos criminales, y en ejercicio de la justicia especial del Tribunal para la Paz, fueran hallados culpables. 

La segunda razón, sin embargo, resulta ser una idiotez de proporciones indescriptibles y que sólo puede surgir por la influencia de pensamientos retrógrados e inhumanos cimentados en ideas religiosas que atacan directamente la dignidad de los seres humanos no heterosexuales. El acuerdo establece explícitamente, en la página 10, que la igualdad y el enfoque de género son “el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales.” En otras palabras, el enfoque de género no busca cosa diferente a reconocer las desventuras que, en el trascurso de este conflicto de más de 52 años de duración, han sufrido las mujeres, los niños, los adolescentes, los ancianos y la comunidad LGBTI, y tratar de corregir las circunstancias que crearon esas desventuras para que jamás vuelvan a ocurrir.

Para ningún colombiano debería ser un misterio que, aunque la mayoría de muertos que nos ha dejado este desangramiento insensato del país debería corresponder a hombres, son las mujeres, los niños, los adolescentes y los ancianos quienes más han tenido que soportar la decadencia que trajo consigo un enfrentamiento fratricida. El Centro Nacional de Memoria Histórica establece que el número de víctimas fatales de esta confrontación equivale a 220.000 personas, aproximadamente, de los cuales el 81,5% son civiles. Además de eso, también informa que 1.754 personas fueron víctimas de violencia sexual y 6.421 niños y adolescentes han sido reclutados por grupos armados ilegales. Esas razones, y el hecho de que históricamente nuestras mujeres hayan sido sometidas a seguir las “órdenes” de los hombres y ser víctimas del machismo que aún domina nuestra sociedad, son las que han motivado la inclusión y el desarrollo del enfoque de género en el acuerdo. Eso es capaz de entenderlo cualquiera que sepa leer críticamente, cualquiera.

Ordóñez mostró nuevamente que su interpretación de la legitimidad y la moral están asociadas con su beneficio personal. El pasado 15 de noviembre, en declaraciones a la prensa, Ordóñez Maldonado dijo, entre otras cosas, que “el Congreso de la República no cuenta con la legitimidad para avalar el nuevo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc”. Y lo paradójico e irritante de eso es que ese mismo Congreso sí contó con la legitimidad para reelegir a Ordóñez como procurador, aunque él mismo había comprado sus votos con prebendas y nombramientos a sus familiares, y la reelección era a todas luces ilegal y anticonstitucional. Es por eso que además de corrupto, antidemócrata y retrógrado, considero que Ordóñez es un especulador, y que se ha aprovechado de su posición y de su fe católica para confundir personas incautas, y para mejorar su reputación entre las personas que comparten sus ideas eugenésicas, belicosas e inhumanas.  

El colmo:  en un hecho sin precedentes, el pasado 15 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación le impuso a Ordóñez la "condecoración 'Mérito a la Excelencia 2016", como se puede observar en su página de Twitter. Hemos perdido lo poco que nos quedaba de cordura.

@Franzlozano

*Francisc León Lozano Rivera (1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Desarrolla artículos de opinión para Todas Las Sombras y Radio Macondo. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano

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¿Y la paz para cuándo?

Por Francisc Lozano*

Manifestantes en favor del No al Plebiscito. Fuente: larevista.com

El 2016 será un año que no podré olvidar. Este año se firmó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de Las Farc, después de 52 años de conflicto y casi 5 años de negociaciones; el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea; Donald Trump, un millonario xenófobo y machista, destruyó a 17 contrincantes en su puja por alcanzar la presidencia de USA; y los colombianos le dijimos No al acuerdo que mencioné previamente, entre otras cosas por el engaño engendrado en las entrañas del Centro Democrático, algunas iglesias cristiano-católicas, el rechazo de la gente a Las Farc y a Santos. 

Y será imposible de olvidar porque todos esos sucesos ocurrieron en contra de todas las encuestas que determinaban que el Reino Unido no saldría de la UE, Colombia le diría SÍ al Plebiscito y Trump sólo tenía, hace dos días, un 18% de posibilidades de llegar a la Casa Blanca.

Pero no será inolvidable sólo porque demostró que las encuestas ya no sirven para predecir lo que pasará o que la gente empezó a decir mentiras al contestarle a las encuestadoras. Creo que esa es la única forma en la que, en contra de todos los pronósticos, los fenómenos del Brexit, el No al Plebiscito y el triunfo de Trump se pueden explicar. Este año será inolvidable para mí porque vi y escuché cientos de veces la expresión “paz sí, pero no así”.

Como dije en una columna anterior, no sólo los que dijeron No al acuerdo son los culpables del estado de conmoción en el que nos encontramos. También tenemos la culpa los que votamos Sí, Santos y sobre todo los que no votaron que son casi 22 millones de personas. Los que no votaron son culpables porque dejaron en manos de unos pocos la decisión de parar o no el conflicto más antiguo del hemisferio occidental, y con eso lograron contribuir a la desazón que vive Colombia desde el 2 de octubre del 2016.

¿Y los del No? Los que votaron No nos han demostrado los peligros que subyacen en la democracia. Sin importar cómo se hayan convencido de que votar No era la mejor opción para el país o para ellos, han permitido que los únicos que puedan realmente hacer alguna modificación a los acuerdos sean personajes como Alejandro Ordóñez, comprobado funcionario corrupto que llenó la Procuraduría de familiares y compró su reelección con nombramientos a familiares de los congresistas que iban a votar por él; Álvaro Uribe, reconocido político que compró su reelección presidencial con la entrega de notarías a los congresistas que tenían a su cargo la modificación de la Constitución y que permitió que sus hijos se quedaran con los terrenos que, él sabía, iban a terminar siendo zonas francas para que se hicieran millonarios sin trabajar esas tierras; Andrés Pastrana, de quien lo único que recuerdo es su fracaso al intentar un acuerdo de paz con Las Farc y la creación del Plan Colombia, y hoy se cree con la autoridad moral para decirle al país que este acuerdo está lleno de impunidad, sabiendo que él fue incapaz de alcanzar uno mejor o igual; y Marta Lucía Ramírez, a quien sólo le recuerdo haber sido candidata presidencial y ministra de defensa de Uribe en la época de las ejecuciones extrajudiciales.  Hay más voceros: Jaime Castro y otras personas, pero ni la gente los conoce, ni sus propuestas trascenderán porque no se han ganado el reconocimiento que sí le asiste a los demás.

Santos dice que se han recibido más de 300 propuestas para realizar modificaciones al acuerdo final, pero no podemos olvidar que los que “también quieren la paz” y votaron No son más de 6 millones 400 mil personas. Eso significa que el discurso de “paz sí, pero no así” ha sido sólo eso, un discurso. Si no fuera así, ¿por qué no hay por lo menos un millón de propuestas diferentes? ¿O es que acaso esas 300 propuestas recogen la pluralidad de ideas que debería existir en más de 6 millones de personas? ¿O es que Uribe, Castro, Ordóñez, Ramírez y Pastrana son tan visionarios para saber lo que pensaron tantas personas? ¿Es eso lo mucho que les importaba la paz de Colombia?

Yo sé que recibiré críticas, y estoy dispuesto a recibirlas, y es mi obligación preguntar si la “paz sí, pero no así”, ¿cómo es que debe ser esa paz y qué proponen para que sea mejor?, y más que eso, ¿la paz para cuándo?

@Franzlozano

*Francisc León Lozano Rivera (1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano


¿Tiene algo que decir? ¿Una sugerencia para dar? ¿Una opinión contraria a la expuesta en este texto? Por favor comparta sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Le pedimos amablemente que use un lenguaje apropiado para este tipo de discusiones. Si usted utiliza lenguaje obsceno, Todas Las Sombras se reserva el derecho de bloquear o eliminar sus comentarios.  

 

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Terrorismo mediático

Por Francisc Lozano*

Enrique Peñalosa y Gustavo Petro. Fuente: Semana.com

El diccionario de la RAE define el terrorismo como la “dominación por el terror" o una “actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.” Con esas dos acepciones, basta para determinar que, en Colombia y muchos otros países del mundo, el terrorismo no es una característica única de grupos ilegales como ISIS, Boko Haram, Al Qaeda o Las Farc. De hecho, muchos gobiernos usan el terrorismo de Estado para asegurarse de controlar más eficazmente a su población: USA lo utiliza para que sus conciudadanos aprueben todas las leyes que restringen su libertad en nombre de la seguridad nacional y que desaparecen a comunidades enteras de la faz de la tierra como en las matanzas perpetradas por los países aliados en Irak y Afganistán, que nunca fueron guerras, sino masacres, por mostrar dos ejemplos. En Colombia no es distinto: hay infinidades de pruebas que muestran las alianzas entre el Gobierno colombiano y los paramilitares para masacrar a miles de personas porque no eran auxiliadoras del paramilitarismo o simplemente porque necesitaban despojarlas de sus tierras para entregarlas a los grandes terratenientes colombianos y extranjeros que patrocinaban los despojos y las muertes.

A pesar de la tristeza que me generan esos hechos, y la necesidad de hablar de la connivencia entre los gobiernos colombianos y los criminales, hoy me quiero referir a los medios de comunicación y sus prácticas terroristas.  El pasado 27 de octubre, el Canal Caracol reveló una encuesta (ver vídeo) de la Cámara de Comercio de Bogotá en la que, entre otras cosas, se señala que “la percepción de inseguridad se redujo 14 puntos, del 55% al 41 %” si se comparan el primer semestre del año 2015 con el mismo período en el 2016. Cuando pretenden explicar la razón de esa disminución, Daniel Mejía, el Secretario de Seguridad de Bogotá expone que “la gente está denunciando y está reportando más los delitos, la tasa de denuncia pasa del 18 por ciento al 40 por ciento, un aumento del 122%”. Con eso, tanto Mejía como Caracol aspiran a demostrar las causas de esa disminución tan notable en la percepción de inseguridad. Y puede ser que tengan razón, pero creo que es imposible que ese único hecho explique tan impresionante desenlace, y expondré mis dudas a continuación:

1.      No creo que el hecho de denunciar un delito haga que uno deje de sentirse víctima del mismo. Si a alguno de ustedes le han robado el celular, no creo que el sentimiento de victimización desaparezca nada más porque ustedes fueron al CAI o a una inspección a interponer una denuncia. Por favor cuéntenme si es así, y me retractaré.

2.      En el hipotético caso de que esa disminución se explicase por ese hecho, ¿por qué no simplemente le pedimos a todos los que han sufrido de robos y atracos que vayan a denunciar y así eliminamos esa horrenda sensación en las personas?

3.      Si ese hecho explica todo el fenómeno, ¿cómo se esclarece entonces el hecho de que a la par de la disminución en la percepción de inseguridad, aumentaron los robos de teléfonos celulares y de otros artículos en un 2%, como lo demuestra la misma encuesta: “la victimización en el primer semestre del año se ubicó en un 40 %, dos puntos por encima del mismo periodo del año anterior.”, pero no sólo eso, “según los encuestados, los lugares más inseguros de Bogotá son las calles y los puentes peatonales y el delito que más afecta a la comunidad es el hurto a personas que subió del 79 al 80%.”

Como me parece que la explicación dada por la Secretaría de Seguridad y los medios es insuficiente, me centraré en la tercera duda: ¿cómo explicar que mientras la criminalidad aumenta, la percepción de seguridad disminuye? No estoy seguro, pero tengo una hipótesis: el año anterior, el alcalde de Bogotá era Petro, un líder de izquierda al que los medios colombianos y sus máximos pautadores no quieren por haber sido parte del M-19 y porque durante su época de senador denunció los escabrosos vínculos entre la política y el paramilitarismo en Colombia; y como alcalde de Bogotá, le retiró los contratos multimillonarios de recolección de basuras a grandes empresarios y se los entregó a los pobres de la ciudad; además de cancelar las corridas de toros; crear jardines para que las madres pobres pudieran dejar a sus hijos en ese lugar y salir a trabajar; eliminar la muerte infantil por desnutrición, entre otras cosas. También cometió errores como implementar un sistema de recolección de basuras sin tener un plan de choque en caso de que éste fallara y comprar volquetas para trasladar basuras, en vez de conseguir carros compactadores desde el principio. Seguro que hay más errores en su administración. 

 

Durante la alcaldía de Petro, RCN, Caracol, Semana y El Tiempo fueron grandes críticos de su gestión y no lo han sido con Peñalosa. Fuente: www.reporterosasociados.com.co

Como mencioné antes, Petro tiene enemigos muy poderosos entre los que se cuenta a algunos de los dueños de los canales privados de Colombia, y durante su administración, esos medios se encargaron magnificar las malas noticias y a invisibilizar sus logros en la capital. Todas las malas decisiones y fallas recibieron el mayor cubrimiento posible. Fue así, como el terrorismo mediático le hizo creer a los habitantes de Bogotá y del país, que la ciudad era invivible y que a la gente la robaban y asesinaban en cada esquina o rincón bogotano, y es obvio que la seguridad no es la fortaleza de ninguna ciudad colombiana, pero esos crímenes no son el pan da cada día en toda la ciudad, como los medios pretendían mostrar en la era Petro.  Como el terrorismo es una acción que  busca genera inquietud en la sociedad con objetivos políticos, los canales privados y los medios escritos y digitales se aprendieron muy bien la lección, y usaron su influencia sobre la opinión pública con el propósito de que la ciudad saliera de manos de la izquierda y que el gobierno de Petro fuese recordado como una gran mancha negra en la historia de la ciudad: intereses políticos y económicos. Es por eso que cuando montaron a Peñalosa en la Alcaldía, dejaron de moler al alcalde a palo, porque él sí hace las cosas que a ellos les gustan: privatizar las empresas de la ciudad, contratar con ellos, aumentar los costos del transporte público, en fin: privatizar. Si lo que ha ocurrido con esa encuesta no se explica por el terrorismo mediático, ¿cómo podemos esclarecer que la gente se sienta más segura en una ciudad más insegura? La pregunta es para ustedes.

@Franzlozano

*Francisc León Lozano Rivera (1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano


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