Francisc Lozano*
Pero las coincidencias entre Santos y Ordóñez van más allá de compartir ideologías políticas, su profunda admiración por Uribe y sus inextinguibles ansias de poder.
Iván Duque asumió la Presidencia de
la República hace un poco más de un mes y medio y, como denunciamos muchos, su
gobierno no da muestras de corresponder a las necesidades reales de un país como
Colombia: Grandes inversiones en materia educativa, en desarrollo de energías limpias
y renovables, en el campo y en la infraestructura necesaria para lograr un
nivel de competitividad que nos convierta en el polo de desarrollo regional que
deberíamos ser, por sólo mencionar algunos factores en los que tenemos que
invertir para no mantenernos rezagados como Nación.
A pesar de esos elementos que
considero problemáticos, Duque sí ha sorprendido positivamente con algunas de
sus actitudes y determinaciones: Formó un gabinete ministerial conformado por
igual número de mujeres y hombres, si bien la calidad profesional y ética de
esas personas está por comprobarse (en casos como el del ministro de Hacienda)
y no ha nombrado directamente a representantes de los partidos políticos que le
apoyaron para alcanzar la Presidencia.
Ahora bien, hacer un balance de
un gobierno que acaba de empezar no es justo ni racional, así que dedicaré mis
palabras a revisar dos nombramientos que me parecen muy peligrosos para el país,
su imagen y para los países que puedan sufrir las consecuencias de las
declaraciones y decisiones de esos dos funcionarios.
Antes de iniciar el análisis, es
bueno recordar que la diplomacia es una rama de la política que tiene como fin mantener
buenas relaciones entre estados, apelando al uso de la cortesía, el respeto y,
en algunos casos, el disimulo. En años recientes, la diplomacia ha sido
esencial para evitar catástrofes entre la OTAN y Rusia por la anexión de Crimea;
entre Colombia y Venezuela por las constantes crisis que se vivieron con los
gobiernos de Uribe y Chávez, y de Maduro y Santos; y entre USA y Corea del
Norte por los planes de armamento nuclear del país asiático.
Dos de los funcionarios de la diplomacia
colombiana que más me preocupan son Alejandro Ordóñez (embajador de Colombia ante
la OEA) y Francisco Santos (embajador de Colombia en USA). El primero tiene un
historial de toma de decisiones que preocupan porque demuestran que sus
convicciones religiosas y morales son más importantes que el respeto de los
derechos humanos, y su trabajo en la OEA tiene una relación directa con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y porque en el pasado,
cuando era concejal (1987), se puso de parte de la conformación de grupos de
autodefensa, expresando lo siguiente: “Impedir que los ciudadanos de bien reaccionen es obligarlos a
que sean muertos, extorsionados o lacerados en su vida, honra y bienes. No
podemos desconocer que las autodefensas se
ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación
positiva. Pensar lo contrario es, por decir poco, una absurda ingenuidad.”
El caso de Francisco Santos no es
diametralmente opuesto al de Ordóñez, aunque no creo que se haya pronunciado en
favor de las autodefensas: corría el mes de noviembre del 2011, y Santos
proponía una solución inédita, ilógica e irresponsable para combatir la
protesta social que ejercían los estudiantes. A Santos se le ocurrió que para
detener las marchas se podían usar pistolas de carga eléctrica o tasers.
Pero las coincidencias entre
Santos y Ordóñez van más allá de compartir ideologías políticas, su profunda
admiración por Uribe y sus inextinguibles ansias de poder. En recientes
declaraciones, según CNN
y El Espectador, Santos expresó lo siguiente: “Se escuchan voces que hablan de
operaciones militares unilaterales. Creemos que debe darse una respuesta
colectiva a esta crisis. Pero creemos, y déjeme ser bastante claro, que todas
las opciones deben ser consideradas”.
Ordóñez, al ser preguntado por la
situación social, política y económica del hermano país, dijo lo siguiente:
“La Cancillería lo ha reiterado. Y lo ha reiterado con toda claridad,
todas las soluciones dentro del Derecho Internacional sin descartar ninguna”.
Pero más allá de eso, desde que era candidato presidencial ya había dicho en
una entrevista con La W que “si
el concierto internacional, si Naciones Unidas decide una intervención para
restablecer y proteger los derechos humanos, yo la apoyaría…”.
Cabe recordarles a ambos
funcionarios y sus seguidores que su labor sirve para que Duque les pague favores
políticos y para mantener buenas relaciones con el mundo, sin importar que casi
todos concordemos en que Maduro y su régimen constituyen una catástrofe
inminente para sus ciudadanos y toda la región. Una intervención militar se
propone de manera fácil. Sin embargo, pensar en las consecuencias que ella
tendría y sopesar las innumerables tragedias que traería tanto para los
venezolanos como para todos los países de la zona, no parece ser un trabajo
juicioso que hayan hecho Santos y Ordóñez.
Chile, Siria, Afganistán e Irak
son algunas muestras de las fatalidades que las intervenciones militares traen
consigo. En el país austral, tras las intervenciones estadounidenses, un dictador
de extrema derecha se tomó el poder dejó 40.000 víctimas (sin contar a las
familias de las víctimas y a las personas exiliadas), según La Comisión Valech. El drama de Siria es una noticia recurrente en nuestra
región y las muertes e inestabilidad que se han producido en Afganistán e Irak
son innumerables e incomprensibles.
Proponer la salida de Maduro por la fuerza es condenar a muchos más venezolanos al sufrimiento. Por duro que sea, la solución a la terrible situación que vive el país hermano es pacífica y tiene que venir de sus propios ciudadanos. Y nuestra obligación humana frente a la tragedia es hacer todo lo posible para acoger a nuestros hermanos y ejercer toda la presión diplomática posible sobre quienes ostentan el poder allá, no sobre el pueblo.
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