¿Diplomáticos?

Francisc Lozano*

Pero las coincidencias entre Santos y Ordóñez van más allá de compartir ideologías políticas, su profunda admiración por Uribe y sus inextinguibles ansias de poder.

    Francisco Santos y Alejandro Ordóñez

Iván Duque asumió la Presidencia de la República hace un poco más de un mes y medio y, como denunciamos muchos, su gobierno no da muestras de corresponder a las necesidades reales de un país como Colombia: Grandes inversiones en materia educativa, en desarrollo de energías limpias y renovables, en el campo y en la infraestructura necesaria para lograr un nivel de competitividad que nos convierta en el polo de desarrollo regional que deberíamos ser, por sólo mencionar algunos factores en los que tenemos que invertir para no mantenernos rezagados como Nación.

A pesar de esos elementos que considero problemáticos, Duque sí ha sorprendido positivamente con algunas de sus actitudes y determinaciones: Formó un gabinete ministerial conformado por igual número de mujeres y hombres, si bien la calidad profesional y ética de esas personas está por comprobarse (en casos como el del ministro de Hacienda) y no ha nombrado directamente a representantes de los partidos políticos que le apoyaron para alcanzar la Presidencia.

Ahora bien, hacer un balance de un gobierno que acaba de empezar no es justo ni racional, así que dedicaré mis palabras a revisar dos nombramientos que me parecen muy peligrosos para el país, su imagen y para los países que puedan sufrir las consecuencias de las declaraciones y decisiones de esos dos funcionarios.

Antes de iniciar el análisis, es bueno recordar que la diplomacia es una rama de la política que tiene como fin mantener buenas relaciones entre estados, apelando al uso de la cortesía, el respeto y, en algunos casos, el disimulo. En años recientes, la diplomacia ha sido esencial para evitar catástrofes entre la OTAN y Rusia por la anexión de Crimea; entre Colombia y Venezuela por las constantes crisis que se vivieron con los gobiernos de Uribe y Chávez, y de Maduro y Santos; y entre USA y Corea del Norte por los planes de armamento nuclear del país asiático.

Dos de los funcionarios de la diplomacia colombiana que más me preocupan son Alejandro Ordóñez (embajador de Colombia ante la OEA) y Francisco Santos (embajador de Colombia en USA). El primero tiene un historial de toma de decisiones que preocupan porque demuestran que sus convicciones religiosas y morales son más importantes que el respeto de los derechos humanos, y su trabajo en la OEA tiene una relación directa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y porque en el pasado, cuando era concejal (1987), se puso de parte de la conformación de grupos de autodefensa, expresando lo siguiente: “Impedir que los ciudadanos de bien reaccionen es obligarlos a que sean muertos, extorsionados o lacerados en su vida, honra y bienes. No podemos desconocer que las autodefensas    se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva. Pensar lo contrario es, por decir poco, una absurda ingenuidad.”

El caso de Francisco Santos no es diametralmente opuesto al de Ordóñez, aunque no creo que se haya pronunciado en favor de las autodefensas: corría el mes de noviembre del 2011, y Santos proponía una solución inédita, ilógica e irresponsable para combatir la protesta social que ejercían los estudiantes. A Santos se le ocurrió que para detener las marchas se podían usar pistolas de carga eléctrica o tasers.

Pero las coincidencias entre Santos y Ordóñez van más allá de compartir ideologías políticas, su profunda admiración por Uribe y sus inextinguibles ansias de poder. En recientes declaraciones, según CNN y El Espectador, Santos expresó lo siguiente: “Se escuchan voces que hablan de operaciones militares unilaterales. Creemos que debe darse una respuesta colectiva a esta crisis. Pero creemos, y déjeme ser bastante claro, que todas las opciones deben ser consideradas”.

Ordóñez, al ser preguntado por la situación social, política y económica del hermano país, dijo lo siguiente: “La Cancillería lo ha reiterado. Y lo ha reiterado con toda claridad, todas las soluciones dentro del Derecho Internacional sin descartar ninguna”. Pero más allá de eso, desde que era candidato presidencial ya había dicho en una entrevista con La W que “si el concierto internacional, si Naciones Unidas decide una intervención para restablecer y proteger los derechos humanos, yo la apoyaría…”.

Cabe recordarles a ambos funcionarios y sus seguidores que su labor sirve para que Duque les pague favores políticos y para mantener buenas relaciones con el mundo, sin importar que casi todos concordemos en que Maduro y su régimen constituyen una catástrofe inminente para sus ciudadanos y toda la región. Una intervención militar se propone de manera fácil. Sin embargo, pensar en las consecuencias que ella tendría y sopesar las innumerables tragedias que traería tanto para los venezolanos como para todos los países de la zona, no parece ser un trabajo juicioso que hayan hecho Santos y Ordóñez.

Chile, Siria, Afganistán e Irak son algunas muestras de las fatalidades que las intervenciones militares traen consigo. En el país austral, tras las intervenciones estadounidenses, un dictador de extrema derecha se tomó el poder dejó 40.000 víctimas (sin contar a las familias de las víctimas y a las personas exiliadas), según La Comisión Valech. El drama de Siria es una noticia recurrente en nuestra región y las muertes e inestabilidad que se han producido en Afganistán e Irak son innumerables e incomprensibles.

Proponer la salida de Maduro por la fuerza es condenar a muchos más venezolanos al sufrimiento. Por duro que sea, la solución a la terrible situación que vive el país hermano es pacífica y tiene que venir de sus propios ciudadanos. Y nuestra obligación humana frente a la tragedia es hacer todo lo posible para acoger a nuestros hermanos y ejercer toda la presión diplomática posible sobre quienes ostentan el poder allá, no sobre el pueblo. 

@Franzlozano

*Francisc León Lozano Rivera (1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Desarrolla artículos de opinión para Todas Las Sombras y Radio Macondo. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano

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Ahogados en un mar de corrupción

Por Francisc Lozano*

Índice de Percepción de la Corrupción 2016. Fuente: transparenciacolombia.org.co

Cada gobierno tiene su gran desfalco; cada año viene con su descalabro para el bolsillo de los contribuyentes; cada mes se descubre un nuevo robo astronómico; y cada día, hora, minuto y segundo alguien se está robando algo.  Sin importar quién sea el criminal de turno, la víctima siempre es la misma: el pueblo colombiano.

Hace casi cuatro décadas, el entonces presidente de la República César Turbay expresaba lo siguiente: “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Pero se equivocaba Turbay. La corrupción no se debe reducir, se debe extirpar, así como los médicos extirpan los tumores que de otra forma terminarían por acabar con la vida de sus portadores. No se puede simplemente reducir el tamaño del tumor porque, al final terminará volviendo a crecer e invadirá el organismo por completo. Así es la corrupción, y no puede ser tolerable, aunque la realidad es que todos la toleramos o la practicamos de una u otra forma. Pero eso será tema de otra columna.

Cerca de tres años atrás, el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez calificaba al gobierno de Uribe Vélez como “el más corrupto de la historia reciente” en su columna El país que imaginamos y temimos. En ese momento, tal vez, Vásquez estaba dando en el blanco, pero con las últimas revelaciones de la fiscalía y los testigos en casos de corrupción, me temo que sólo sabremos cuál merece esa deplorable distinción cuando hayan pasado entre 4 y 6 años del gobierno de Santos y, lo que parece aún peor, creo que la competencia seguirá con los futuros gobernantes, con lo que sólo tendremos una disputa de nunca acabar por ser los laureados con tan peyorativa calificación.

A uno como colombiano ya le sorprenden muy pocas cosas, y, generalmente, esos hechos son los buenos: logros de Llinás en neurociencia, de los deportistas de la necesidad (el deporte es su única esperanza para poder comer porque sólo nos aprovechamos de su imagen para hablar bien de Colombia, pero nunca les ayudamos cuando no han logrado grandes hazañas), las selecciones colombianas de fútbol femenino y masculino, un grupo de personas que intentan proteger el medio ambiente o brindarle oportunidades a los menos favorecidos en las zonas marginales de Colombia, uno que otro político honesto que hace bien su trabajo, un grupo de médicos que no cobran por salvarle la vida a quienes lo necesitan y uno que otro caso más que se me escapa.  

Sin embargo, el día sábado 1 de abril me sorprendió por dos razones: Mocoa quedó destruida y cientos de vidas se perdieron y tal vez se seguirán perdiendo, y Uribe, Ordóñez y “Popeye” lideraron una marcha “contra la corrupción” y contra Santos. Si la marcha hubiese sido organizada por gente decente, uno podría haberse tomado el tiempo de participar porque la corrupción nos carcome y Santos es uno de esos presidentes que sólo podrá ser recordado por un par de cosas buenas y por muchas malas, así como su antecesor antioqueño. El problema es que quienes la organizaron hacen parte de la élite que más provecho le ha sacado a la corrupción.

Uribe tiene incontables casos de corrupción en su haber que han sido destapados: Ejecuciones extrajudiciales de colombianos por parte del ejército, Odebrecht, Agro Ingreso Seguro, el cartel de la contratación en Bogotá, Saludcoop, la Zona Franca de Occidente, la compra de votos para su reelección, las interceptaciones ilegales del DAS, sus exjefes de seguridad detenidos por narcotráfico, su hermano investigado por paramilitarismo, su primo condenado por paramilitarismo, y las lista sigue. Por el lado de Ordóñez uno puede destacar que fue él precisamente quien se encargó de comprar su reelección -inconstitucional- entregándole cargos a los familiares de los magistrados, corrupción dura y pura. Y si de Popeye hay que hablar, uno no puede olvidar que es uno de los mayores asesinos de la historia de este país, y que ejecutó muchos de esos asesinatos en contra de personas que luchaban contra la corrupción, por orden de Pablo Escobar. Así las cosas, Uribe, Ordóñez y Popeye tienen rabo de paja cuando de corrupción se habla, por lo que la marcha resulta, cuando menos, contradictoria. Pero como ya dije en otro momento, eso no habla mal de Uribe, Ordóñez y Popeye, eso habla mal de una sociedad inerme que endiosa a los corruptos y castiga a los honestos. La sociedad donde “el vivo vive del bobo” y de “no de papaya”.  Sí, la corrupción es culpa nuestra, nosotros somos los responsables porque aplaudimos al pillo y valoramos la “malicia indígena”. Eso nos hace corruptos a todos, a todos.

En cuanto a la destrucción en Mocoa, esa también la podemos interpretar como consecuencia de la corrupción que hizo que no se manejara adecuadamente el riesgo, y que los dineros no se hubieran invertido en las transformaciones que necesitaba la población para reducir los riesgos a los que está expuesta. Sólo hay que ver cómo Ecuador no ha sufrido los estragos que sí le han tocado a Perú y a Colombia por cuenta de las grandes precipitaciones que se han vivido en las últimas semanas, pero el tema tendrá que ser tratado en otra ocasión.

Si algo nos han enseñado las últimas dos administraciones del país, es que la reelección representa un verdadero peligro en una Nación sin control real y sin memoria histórica y política.  Porque una cosa es aguantarse un gobierno corrupto durante 4 años, pero hacerlo durante 8 o 16, como está pasando con Santos que ha continuado por los mismos caminos de Uribe, eso sí es devastador, y Reficar, Saludcoop, Odebrecht, los robos de Tomás y Jerónimo Uribe a la Dian y de Samuel e Iván Moreno y su grupo de compinches a la Nación, y los otros cientos o miles de desfalcos son una prueba de ello.

@Franzlozano

*Francisc León Lozano Rivera (1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Desarrolla artículos de opinión para Todas Las Sombras y Radio Macondo. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano

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Ordóñez, el especulador

Por Francisc Lozano*

Eccehomo Cetina y Alejandro Ordóñez. Fuente: Wikimedia

Alejandro Ordóñez Maldonado es recordado por varias facetas que ha desempeñado en su vida pública. Yo quiero referirme a cinco el día de hoy: su juventud antiintelectual, su paso por la Procuraduría General de la Nación, su defensa a ultranza de despojadores de tierras, su irracional intención de imponer el credo católico a un país laico y su férrea oposición a una paz negociada en Colombia.

El 13 de marzo de 1978, Ordóñez, de 22 años, se encontró con sus compañeros universitarios y de la organización Familia, Tradición y Propiedad en un parque de Bucaramanga para llevar a cabo una quema pública de libros y revistas que ellos consideraban “inmorales”. Se dice que entre los autores que quemaron se encontraba García Márquez y algunas revistas pornográficas. Quemar libros es una actividad en contra del intelecto y la ciencia por sí misma, pero se agrava cuando uno recuerda que el 10 de mayo de 1933 Hitler hacía lo mismo en la Alemania nazi, como lo recuerda la Revista Semana en este artículo.  Y se convierte en una actividad mucho más reveladora cuando uno descubre que Ordóñez era, o es, un asistente frecuente a las reuniones del grupo neonazi “Tercera Fuerza”, como ha sido comprobado por El Espectador y Las 2 Orillas, en el que, además, se le rendían homenajes continuamente. Pero la quema de libros y la idea de la superioridad aria no son las únicas acciones que le unen a nazismo. Lo digo porque en el 2013 Héctor Abad le preguntó si él negaba o no la existencia del “holocausto judío” como lo hacen los obispos lefevbristas a quienes él sigue, a lo que Ordóñez no respondió y,  de manera evasiva, dio por terminada la entrevista, como lo demuestra este audio. No aseguro que sea negacionista, pero sí que ante la oportunidad de demostrar que no es así, decidió callar y dejar en vilo a quienes queríamos saber su postura.

En 2009, Alejandro Ordóñez fue elegido por el Congreso para ocupar el Cargo de Procurador General de la Nación. Este cargo tiene entre sus principales funciones la defensa de los ciudadanos y los recursos públicos. Es por eso que el procurador cuenta con grandes poderes desde el punto de vista legal. Durante los casi 8 años que estuvo en ese cargo, Ordóñez logró hacerse inolvidable: impartió inhabilidades por mil a funcionarios, y se opuso tenazmente e irracionalmente a la despenalización del aborto que hizo la Corte Constitucional en 2006 de tres casos puntuales.  Y digo irracionalmente, porque su único argumento fue siempre el tema religioso, y no la ciencia que ha ahondado profundamente en el tema de la interrupción del embarazo por métodos médicos. Pero en lo que más dio de qué hablar fue en el tema de las sanciones a funcionarios. Muchos fueron sancionados porque hicieron mal su trabajo, como son los casos de Kiko Gómez, Samuel Moreno, y otros.

No obstante, muchos otros fueron sancionados por caprichos de Ordóñez, como en el caso de Piedad Córdoba (por presuntos nexos con Las Farc, nexos que la Corte Constitucional demostró que no existían), Alonso Salazar (por cumplir la sentencia de la Corte Constitucional) y a Sergio Fajardo (por un título minero). Hubo muchos otros, más de 800 alcaldes y 23 gobernadores, dice El Espectador. Hay que recordar que el procurador, además, fue acusado de nepotismo por nombrar a sus familiares y a los familiares de los congresistas que votaron y votarían por él para su reelección.  Y además, el Consejo de Estado comprobó que su reelección era ilegal porque la Constitución no la contempla para el cargo de procurador, y la tumbó en agosto de este año.   Nunca olvidaremos que se opuso a la Ley de tierras, a la adopción por parte de parejas no heterosexuales, a los derechos de la comunidad LGBTI, al matrimonio igualitario, a la libertad de culto, y a otras tantas iniciativas progresistas, en lugar de defenderlas, como era su obligación a ser la cabeza del Ministerio Público. Tampoco se nos borrará de la memoria que, en un acto de la más pura corrupción y de prevaricato, -presumo yo-, en el 2013, cuando acababa de ser reelegido -ilegalmente-, Ordóñez Maldonado modificó el decreto que determinaba el número de escoltas y vehículos y el tiempo durante el cual debían ser asignados a los jefes de la Procuraduría una vez que terminaran su período legal. Esa modificación le cuesta al bolsillo de los colombianos nada más y nada menos que $428’600.000 al mes, o lo que es lo mismo, pero más doloroso, $20.572’000.000 (sí, veinte mil millones de pesos) en un período de cuatro años, según los cálculos de la senadora Angélica Lozano (ver enlace), después de su salida por irregularidades del Ministerio Público.

Para nadie es un secreto que Alejandro Ordóñez es cercano a Uribe y a sus posturas. Lo que tal vez sí ignoren muchos es que también es cercano a María Fernanda Cabal y José Lafaurie (su esposo), quien es director de Fedegán. Y no se puede pasar por alto que, según sentencias de Justicia y Paz y las declaraciones de Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares, “se consideró que FEDEGAN integró activamente la estructura del Bloque Catatumbo hasta el punto de "ostentar poder de mando y control". Se le sindicó de utilizar su rol económico para materializar el cumplimiento de los objetivos criminales del Bloque Catatumbo”. Pero no sólo eso, en un revelador artículo que publicó el periódico Vanguardia Liberal el 19 de agosto de 1987 se constata que Ordóñez ha sido un continuo defensor de la existencia del paramilitarismo en Colombia (ver fotografías del artículo aquí y aquí), el hasta ese entonces concejal de Bucaramanga dijo, entre otras cosas que “impedir que los ciudadanos de bien reaccionen es obligarlos a que sean muertos, extorsionados o lacerados en su vida, honra y bienes. No podemos desconocer que las auto-defensas se ajustan a las normas de la moral social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva. Pensar lo contrario es, por decir poco, una absurda ingenuidad”. Es claro pues que, aunque sea desde un punto de vista ideológico, Ordóñez está de acuerdo con el accionar de los grupos paramilitares y la financiación por parte de los “ciudadanos de bien” y empresarios que sólo buscaban despojar a los ciudadanos de sus tierras.

Alejandro Ordóñez. Fuente: El Tiempo

El credo religioso es una decisión individual e irrebatible. Cada persona puede practicar el credo que quiera en un país laico como Colombia (artículo 19 de la Constitución). Lo que no puede es usar esa excusa para imponer su credo a los demás, o eliminar los testimonios escritos de ideas diferentes a las que uno tenga en el contexto religioso. En una conferencia que dictó en México hace unos años, Ordóñez, quien en ese momento era Magistrado del Consejo de Estado, dijo, entre muchas otras cosas, que “el liberalismo es un desorden por esencia y no puede traer la paz”, en una clara referencia a la necesidad de adoptar la fe católica para poder alcanzar la paz.

Las negociaciones entre el Gobierno Nacional y Las Farc hallaron en Alejandro Ordóñez a uno de sus principales opositores. Dos de las principales razones del bumangués para oponerse al tratado de paz fueron la impunidad y la “ideología de género”. La primera es un tema verdaderamente complejo porque no se puede decir que la impunidad no haya existido en el Acuerdo de La Habana que pretendía dar por terminado el conflicto armado colombiano con esa guerrilla. No obstante, también resulta irreal decir que hay impunidad total porque, aunque es difícil que los altos mandos de Las Farc terminen en la cárcel, el acuerdo estipuló sanciones restrictivas de la movilidad y sanciones con prisión hasta por 20 años para los guerrilleros que no reconocieran su responsabilidad en actos criminales, y en ejercicio de la justicia especial del Tribunal para la Paz, fueran hallados culpables. 

La segunda razón, sin embargo, resulta ser una idiotez de proporciones indescriptibles y que sólo puede surgir por la influencia de pensamientos retrógrados e inhumanos cimentados en ideas religiosas que atacan directamente la dignidad de los seres humanos no heterosexuales. El acuerdo establece explícitamente, en la página 10, que la igualdad y el enfoque de género son “el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de derechos que, independientemente de su estado civil, relación familiar o comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los hombres a la propiedad la tierra y proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros; atendiendo las condiciones sociales e institucionales que han impedido a las mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos y sociales.” En otras palabras, el enfoque de género no busca cosa diferente a reconocer las desventuras que, en el trascurso de este conflicto de más de 52 años de duración, han sufrido las mujeres, los niños, los adolescentes, los ancianos y la comunidad LGBTI, y tratar de corregir las circunstancias que crearon esas desventuras para que jamás vuelvan a ocurrir.

Para ningún colombiano debería ser un misterio que, aunque la mayoría de muertos que nos ha dejado este desangramiento insensato del país debería corresponder a hombres, son las mujeres, los niños, los adolescentes y los ancianos quienes más han tenido que soportar la decadencia que trajo consigo un enfrentamiento fratricida. El Centro Nacional de Memoria Histórica establece que el número de víctimas fatales de esta confrontación equivale a 220.000 personas, aproximadamente, de los cuales el 81,5% son civiles. Además de eso, también informa que 1.754 personas fueron víctimas de violencia sexual y 6.421 niños y adolescentes han sido reclutados por grupos armados ilegales. Esas razones, y el hecho de que históricamente nuestras mujeres hayan sido sometidas a seguir las “órdenes” de los hombres y ser víctimas del machismo que aún domina nuestra sociedad, son las que han motivado la inclusión y el desarrollo del enfoque de género en el acuerdo. Eso es capaz de entenderlo cualquiera que sepa leer críticamente, cualquiera.

Ordóñez mostró nuevamente que su interpretación de la legitimidad y la moral están asociadas con su beneficio personal. El pasado 15 de noviembre, en declaraciones a la prensa, Ordóñez Maldonado dijo, entre otras cosas, que “el Congreso de la República no cuenta con la legitimidad para avalar el nuevo acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc”. Y lo paradójico e irritante de eso es que ese mismo Congreso sí contó con la legitimidad para reelegir a Ordóñez como procurador, aunque él mismo había comprado sus votos con prebendas y nombramientos a sus familiares, y la reelección era a todas luces ilegal y anticonstitucional. Es por eso que además de corrupto, antidemócrata y retrógrado, considero que Ordóñez es un especulador, y que se ha aprovechado de su posición y de su fe católica para confundir personas incautas, y para mejorar su reputación entre las personas que comparten sus ideas eugenésicas, belicosas e inhumanas.  

El colmo:  en un hecho sin precedentes, el pasado 15 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación le impuso a Ordóñez la "condecoración 'Mérito a la Excelencia 2016", como se puede observar en su página de Twitter. Hemos perdido lo poco que nos quedaba de cordura.

@Franzlozano

*Francisc León Lozano Rivera (1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Desarrolla artículos de opinión para Todas Las Sombras y Radio Macondo. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano

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