Por Francisc Lozano*
Bandera de Colombia por Francisc Lozano
Juan Manuel Santos es un presidente impopular, y eso se lo tiene bien merecido. En estos 6 años de administración, sólo tiene logros para mostrar en tres o cuatro frentes: disminución de la violencia, vivienda de interés social, infraestructura, y protección de desplazados y víctimas del conflicto armado colombiano. Logró concretar un acuerdo con Las Farc, a pesar de todos los problemas que se generaron alrededor del diálogo; construyó 100.000 viviendas de interés social, a pesar de incumplir varias veces los plazos establecidos por él mismo; ha construido algunas vías y está reparando otras. Nada del otro mundo, pero algo ha hecho; y diseñó y puso en marcha la Ley de Restitución de Tierras que protege a quienes han perdido sus parcelas por causa de los promotores de la violencia en Colombia. Un desempeño mediocre.
En el año 2013, el Gobierno Nacional gritaba a los 4 vientos que había
logrado niveles de reducción de la pobreza plausibles: 7 puntos porcentuales
(del 44 al 37%) y 3.200.000 personas en términos reales. Lo que no decía era
que esa reducción se explicaba principalmente por un cambio del método de
medición y no por logros reales (disminución del valor mínimo de ingresos para
considerar pobre a alguna persona), como expliqué hace varios años en esta columna. Por otro lado, en la relación reforma vs pobreza, lo primero que hay que decir de la reforma
tributaria estructural es que no es estructural. Y no lo es por la sencilla
razón de que, como todas las reformas “estructurales” de Santos, Uribe,
Pastrana, Samper y otros, no resuelve
los problemas tributarios de manera sostenible y definitiva, porque recarga
inhumanamente el peso gasto público y del despilfarro gubernamental en los
hombros de los más pobres. Pues bien, con la nueva reforma tributaria
presentada por Santos y por Cárdenas, el Gobierno quiere congraciarse con las
entidades monetarias internacionales, y destruir los mínimos y mediocres
avances logrados en el campo de la reducción de la pobreza, la iniquidad y los
logros en materia social y económica para los colombianos más vulnerables (ver
artículo de JusticiaTributaria).
La concentración de la riqueza
Casi todos hemos sido testigos de
los comerciales en los que se habla de una supuesta “protección” de la canasta
familiar al “no” gravarla con el IVA del 19%. Ese comercial, como tantos otros
de los gobiernos colombianos, es una falacia. No es cierto que no se esté gravando la canasta familiar. Lo cierto
es que ya hay muchos productos gravados, por lo que deberían decir es que no se
aumentará la cantidad de productos gravados (aunque me temo que sí se va a
hacer), sino la base gravable. O sea, el impuesto pasará del 16 al 19%. Teniendo en cuenta que la tributación
directa disminuirá (impuesto a la riqueza, renta), y que
la indirecta aumentará (IVA y otros impuestos indirectos), como de manera
criminal lo ha reconocido el Gobierno (ver cuadro 5.1), habrá que decir que la
reforma vendrá para hundir más a los colombianos pobres y beneficiar más a los
ricos y las personas de la clase alta. Típico.
El índice de concentración de la
riqueza (Gini) calculado por el Dane
para el año 2015 fue de 0,522, lo que
establece que el 52,2% de la riqueza del país está concentrada en el 1% de la
población o, lo que es lo mismo, pero más ilustrativo, que, si en Colombia
hubiese una población de sólo 100 personas, una, sí, una sola, tendría más de
la mitad de la riqueza de toda la Nación. Y el tema se hace mucho más complejo
cuando entidades como la Cepal dicen que el índice puede estar mal calculado, y
que el valor real del coeficiente Gini puede ser cercano al 0,55, con lo que el
panorama se hace más desolador. Y si a lo anterior le agregamos que el Gobierno Nacional ha
puesto una mayor carga impositiva sobre las personas que menos tienen, o sea el
restante 99% de la población, la concentración de la riqueza y los niveles de
pobreza no pueden menos que aumentar.
En un ejercicio comparativo,
realizado por la organización Justicia Tributaria en Colombia, se ilustran
claramente los retrocesos que en materia tributaria estamos dando en Colombia
con el único propósito de mantener una alta calificación internacional
(calificadoras de riesgo) y beneficiar la inversión privada, mientras desmembramos
a los colombianos de a pie. Al analizar 15 productos de la canasta familiar ya
gravados, se observan los cambios proyectados con el IVA del 19%, y la pérdida
de poder adquisitivo que tendrán los asalariados colombianos. Los hallazgos son devastadores: la
diferencia entre los precios actuales y los proyectados, al sumar esos 15
productos, equivale a $3.533, lo que para alguien que se gana $680.000, o menos,
es un verdadero atentado a su integridad y la de su familia. Y eso que el
estudio se hizo con los precios de D1 y Colsubsidio, porque con los precios del
Éxito, Olímpica o Carulla, la diferencia puede triplicar el valor, y ese
aumento se repetirá cada vez que compren eso productos, entre los que se
incluyen el jabón de baño, el detergente, las salchichas, el papel higiénico,
el aceite vegetal comestible, el chocolate en polvo y otros nueve. Esos $3.533
son dos pasajes de bus menos para esa persona o ese grupo familiar, y eso que
no estamos hablando de temas escabrosos como el impuesto a los planes de
telefonía, Internet, y a los dispositivos tecnológicos. El único tributo que podía ser
conveniente era el que le querían imponer a las bebidas azucaradas para
combatir en algo la obesidad y la carga que esta representa para el sistema de
salud, pero de nuevo se impuso la ley del más rico, Santo Domingo (Bavaria) y
Ardila Lülle (Postobón), contra el pueblo, y se eliminó el impuesto. Aquí
hay un vídeo para que no se deje engañar.
Todas esas personas que “salieron” de la pobreza en el Gobierno Santos,
todos los que tienen salarios de hambre y todos los miembros de la clase media
son los que van a pagar por los despilfarros de Uribe, Santos, Vargas Lleras,
Cárdenas y todos los demás ministros de mentira que tenemos, pero no sólo eso,
sino los despropósitos de Ordóñez, el exfiscal con los contratos de Natalia
Springer, y todas las otras burradas y chanchullos cometidos por los encargados de aprobar y
ejecutar el presupuesto nacional. Mientras
eso pasa, los bancos siguen generando utilidades netas por más de 10 billones
de pesos, y Reficar ya ha probado haber generado un detrimento patrimonial por
más de 4 billones de pesos, y Saludcoop y Cafesalud, los contratos de la 7ª
de Transmilenio, Electricaribe y los desfalcos a la salud, educación y al agro
siguen costándonos billones de pesos porque las entidades encargadas de
controlar y fiscalizar a estas organizaciones son incapaces, y permiten que nos
roben día a día. Porque son los ciudadanos de a pie los que pagarán por todo
eso, y mucho más, es que esta es una reforma contra los colombianos.
@Franzlozano
*Francisc León Lozano Rivera (1988): Nació en Santiago de Cali, Colombia. Es Administrador de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Director de Talento Humano en la organización Grameen Caldas; fue director de la Fundación Funeducol; laboró como Coordinador de Reclutamiento de Heart for Change; y se desempeñó como Conferencista y Formador de Aprendizaje de Inglés en México. Es escritor por gusto y por convicción. Desarrolla artículos de opinión para Todas Las Sombras y Radio Macondo. Puede contactarle en su cuenta de Twitter: @Franzlozano
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