Por Francisc Lozano*
Equipo negociador y algunos promotores del No. Fuente: Presidencia.gov.co
Con el paso del tiempo, los juicios sobre las decisiones tomadas en un pasado “lejano” se pueden realizar con mayor precisión, y objetividad, quizá. Hoy sabemos que el plebiscito fue un error, pero no lo sabíamos hace dos meses. No obstante, creo que Santos confiaba de verdad en el hecho de que el fin del conflicto se sobrepondría a cualquier diferencia que los colombianos tuviéramos con él y su gobierno, y obviamente se equivocó. Ya sabemos muchas de las razones para su fracaso: su poca favorabilidad entre nosotros; el poder de convicción de Uribe y sus secuaces, y su capacidad para mentir y engañar a personas incapaces de ver una mentira aunque se la pongan frente a los ojos; el odio que generan Las Farc en muchos colombianos y la incapacidad para perdonar sus fechorías; la falta de una cultura de lectura de los habitantes de este país; la dejadez de más de 21 millones de colombianos que no votaron; la incapacidad del Gobierno y los partidarios del Sí para convencer a quienes no creían en el acuerdo; las decisiones tardías de Las Farc para hablar de reparación económica y pedir perdón por sus crímenes; y un verdadero convencimiento de algunos que votaron No de que ese acuerdo no era conveniente para el país, entre otras. Hoy sabemos que, con el plebiscito, Santos se pegó un tiro en el pie.
Por el lado de la “oposición”, o
sea, del Centro Democrático, esta semana hemos escuchado una propuesta que
parecería ser una panacea. Varios miembros de ese partido han dicho que proponen
una revocatoria del Congreso porque, según dicen, esa institución "no representa al pueblo colombiano".
Yo, que siento que hay muy pocas personas que me representen en el
Congreso (Jorge Robledo, Claudia López, Juan Fernando Velasco), diría “sí, ¡hagámoslo!”,
pero el problema es que tengo por lo menos cuatro inconvenientes con la
propuesta, y los expondré a continuación: La inviabilidad de la misma, la contradicción del
CD, el favorecimiento a los terratenientes y financiadores del paramilitarismo y el desplazamiento forzado,
y la mezquindad que elimina la posibilidad real de paz.
Primero, según dice un artículo de la Revista Semana, “en la Constitución Política no
existe un solo mecanismo que permita revocar el mandato de los congresistas”.
Por esa razón, la propuesta desde ya parece inviable e ilógica. No obstante,
habrá que ver qué se inventan en el CD para buscarle “la comba al palo”. Ya
sabemos que son expertos en mentir y engañar a personas ingenuas, tal
vez también sean capaces de revocar al Congreso. O tal vez junten el número necesario de firmas para que el mismo Parlamento se revoque a sí mismo, aunque eso sí que parece irreal. No creo que alguno de los congresistas vaya a votar contra sí mismo, pero ya veremos.
Segundo, la propuesta del CD es contradictoria. Hoy dicen que el Congreso no
representa la voluntad del pueblo, y en muchos casos yo estoy de acuerdo con
eso, pero hace dos años eran los más felices llegando al poder a través de una
lista cerrada en la que la única cabeza visible era la de Uribe. Es decir,
nadie sabía quiénes eran el resto de congresistas de la lista, pero todos
llegaron a vivir del bolsillo de los colombianos sin ganarse su participación
en política consiguiendo los votos de la gente con propuestas. No. Sólo tuvieron
que acercarse a Uribe y esperar el resultado de las elecciones parlamentarias.
Ahora que lo pienso, y aunque esos votos sí son de Uribe, no es muy diferente
eso de la forma en la que Las Farc llegarán al Congreso (10 curules). Muchos
dirán que Uribe sí tiene esos votos, y Las Farc no, y yo estoy de acuerdo. Esos
votos son de Uribe, pero no de Valencia, Rangel, Cabal, Duque, Gaviria (José
Obdulio), Guerra (María del Rosario), Gómez, Correa, Araújo, Castañeda, etc. Si
quieren ver toda la lista, pueden seguir este enlace.
Y sí, no los nombro a todos porque nadie los conoce.
Y la contradicción se centra principalmente en los siguientes hechos: Si el Congreso no representa al pueblo, como ellos dicen, ¿por qué no renuncian ellos a la fortuna que cada mes
reciben gracias a nuestros impuestos y nos devuelven a los colombianos los más
de 600 millones de pesos que cada uno de ellos ha obtenido durante estos dos
años por ser parte del parlamento? ¿Por qué se esperaron dos años para llegar a
esa conclusión o para hacerla pública? ¿Por qué la ilegitimidad existe para
refrendar el Acuerdo de La Habana, pero no existió para que votaran a favor de
la propuesta de congelar los salarios de los congresistas y no de disminuirlos
como proponía Claudia López? ¿Por qué el parlamento es ilegítimo para la refrendación del
acuerdo, pero no para debatir el proyecto de ley de Nohora Tovar, senadora del
CD, que ha sido catalogado por muchas personas como una ley que va en contra de la restitución de tierras? ¿Por qué el Congreso es ilegítimo ahora, pero no fue ilegítimo cuando, permeado por la corrupción y comprado por los ministros Pretel de la Vega y Palacio, y Alberto Velásquez, aprobó la reelección de Uribe, que era a todas luces ilegal? La lista puede continuar, pero voy a concluir
con esta pregunta: ¿Por qué cuando Uribe decía lo siguiente: “pedir a todos los
congresistas que nos han apoyado que, mientas no estén en la cárcel, a votar
las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma
tributaria” (se puede ver el vídeo en este enlace o en la parte
inferior de este párrafo), el Congreso sí era legítimo, a pesar de que muchos
de sus miembros terminaron en la cárcel, pero no lo es ahora que puede decidir
sobre la terminación de un conflicto de más de 52 años?
Uribe pide a los congresistas que le apoyaban, votar sus iniciativas antes de ir a la cárcel.
Tercero, la mayoría de
cambios que se incluyeron en el acuerdo siguiendo las propuestas de los
promotores del No, con el CD como principal actor, se hicieron para favorecer a
los terratenientes de este país, a los impulsores del paramilitarismo y del desplazamiento forzado y, en
fin, a los que se ven representados por Uribe y sus políticas acumulativas de
tierra por cualquier medio, incluido el asesinato y el desplazamiento de
personas. Se pueden leer algunos de los cambios en esta declaración
que hizo Santos el 12 de noviembre. Uno de los principales retrocesos del nuevo
acuerdo es que “el catastro –fundamental para formalizar la tierra—no
modificará por sí mismo los avalúos de las tierras.”, en palabras de Santos,
con lo que los terratenientes y empresarios agropecuarios que tienen tierras
que no pagan los impuestos que deberían, seguirán haciéndole “conejo” al pueblo
colombiano.
Cuarto, la propuesta del
Centro Democrático tiene como base una mezquindad que quiere eliminar la
posibilidad real de paz para Colombia. Al CD no le interesa alcanzar una paz real,
sólo le interesa usar esta coyuntura política para proteger sus propios
intereses y los intereses de quienes le patrocinan, y lograr alcanzar la Presidencia en el 2018. Uribe ha intentado retrasar la firma e implementación
de los acuerdos (el viejo y el nuevo) porque le afectan en sus intereses y
porque los militares investigados por acciones delictivas en contra de la población civil podrían confesar delitos que le podrían
implicar e implicar a sus amigos empresarios y latifundistas que patrocinaron
el paramilitarismo, como declaró Petro hace varias semanas en Semana en Vivo (ver
declaraciones).